Las gestiones que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, está realizando para acelerar la entrega al uso público del paño portuario de Barón han generado apoyos y rechazos entre los especialistas. Algunos piensan que ello ayudaría a que la comunidad porteña se apropie y familiarice con el predio, facilitando su transición a zona urbana. Otros temen que inversiones de baja magnitud, para convertirla rápidamente en paseos y áreas recreacionales transitorias, terminen siendo definitivas.

Entre los primeros están los concejales y ex dirigentes regionales del Colegio de Arquitectos, Claudio Reyes y Daniel Morales, y el past president nacional de la orden, Alberto Texido, quienes ven esas 14 hectáreas donde se intentó instalar el mall Puerto Barón como las de mayor plusvalía de Valparaíso. «Hay que partir por algo. No pueden estar abandonadas y la gente debe disfrutarlas», dice Morales.

Este cree que se abre la oportunidad para que se articulen en un «collage ordenado» distintas iniciativas que se postulan en la zona, entre ellas la estación de un futuro tren rápido a Santiago, un teleférico y el muelle para cruceros. Texido destaca que esa diversificación económica de un frente marítimo urbano pasa por que la expansión portuaria salga de la poza de abrigo y vaya al sur, a San Mateo.

El urbanista Iván Poduje, en cambio, ve en el plan de Sharp un riesgo: «Una baja inversión puede permanecer ahí y removerla tornarse complicado». Es partidario de abordar desde ya una planificación territorial de envergadura y «que involucre inversiones públicas y privadas. Pero sin inventar la rueda. Debemos tomar los casos de Barcelona, Baltimore, Boston y algo de Nueva York» donde -afirma- la actividad portuaria y los paseos públicos de carácter patrimonial conviven y se potencian.

Esos mismos ejemplos cita el académico de la PUCV, Boris Ivelic, quien añade las limitaciones que impone el fallo de la Corte Suprema que desestimó, por no enfrentar una vía troncal, el proyecto Puerto Barón. Para la abogada especialista en Derecho Urbanístico, Jeanette Bruna, el criterio restrictivo del máximo tribunal solo se resolvería cambiando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con un alcance nacional.