Distintas empresas hoteleras y centros de convenciones tienen sus ojos puestos en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las familias Bosch y Casares, dueñas de Majadas de Pirque, reclamaran a la justicia por un dictamen de la Contraloría de agosto del año pasado que impide la renovación de su patente comercial.

Disputa se extiende en tribunales e incluso un empresario hotelero consultó si es posible construir o no un proyecto en Pirque.

¿La razón? El centro de eventos está emplazado en una zona de definición rural y según el ente fiscalizador, no se permiten actividades comerciales en ese lugar, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

El alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, plantea que esto es una campanada de alerta no sólo para Majadas, sino que para la industria hotelera y de centros de convenciones. Por eso, está a favor de renovar el permiso. Según él, si el dictamen se hiciera efectivo en todo el país, los hoteles “Explora de Torres del Paine y Alto Atacama en el norte estarían en las mismas condiciones de Las Majadas. También otros giros, como el vertedero de Til Til deberían cerrar”, reflexiona.

La preocupación de Balmaceda repercutió en la Asociación de Municipios Rurales (Amur), que él mismo preside y que reúne a 18 corporaciones —entre ellas a Isla de Maipo, Til Til, Paine y Curacaví—, pues también se hizo parte en el proceso judicial que se desarrolla en la Corte de Apelaciones, criticando el dictamen de Contraloría.

El secretario ejecutivo de la Amur, Christian González Toro, expresó que si se hiciera efectivo el pronunciamiento, el perjuicio económico que tendrían sus asociados sería del orden de los $24.779 millones, ya que no recibirían recursos por patentes comerciales. En varias de las comunas que integran esta asociación, su territorio rural supera el 90% de la superficie total, de acuerdo a los informes judiciales y documentos enviados al tribunal de alzada el pasado 21 de junio.

“El ingreso comunal que representan las patentes comerciales en las comunas rurales que componen la Amur es muy relevante y, de seguirse al pie de la letra los cuestionados dictámenes, los municipios pobres dejarán de percibir importantes recursos”, comenta González.

Nuevo hotel en Pirque consulta “si es posible construir”

No sólo la Amur se unió a la queja de Las Majadas. Adicionalmente, el 10 de julio pasado, la empresa Hotel Turístico Boutique de Pirque, controlada por el empresario Sebastián Larraín, también acudió a la justicia expresando su preocupación. En un texto de seis páginas exigen saber “si es posible construir o no un desarrollo hotelero en la zona”.

Según los expertos, la clave en el conflicto es la interpretación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, la cual autoriza los roles de ciertas propiedades a cambiar el uso de suelo rural a comercial.

“La regla general dice que no se pueden realizar estos desarrollos en terrenos rurales; ahí la mirada es restrictiva. Sin embargo, se puede realizar solicitudes de cambio de uso de suelo (…) el problema es que cuando hay problemas de interpretación y no está claro qué criterio debe primar, sería bueno un sistema alternativo que lo defina”, comenta el abogado y ex candidato a contralor Enrique Rajevic.

En la misma línea, el profesor de Derecho de la PUC Eugenio Evans apunta a que Majadas ha tenido sus permisos desde 2015 sin reparos de la autoridad. Por eso, sostiene que el fallo de la Corte de Apelaciones será clave para definir “si se lesiona el derecho de quien ha ejercido su actividad sin reparos de la autoridad”.

Para el socio de Ferrada Nehme Luis Cordero, las discusiones por usos de suelo similares a la de Las Majadas no son nuevas y “cada cierto tiempo surge como controversia. Desde el punto de vista formal, la cuestión relevante que se discutirá en tribunales es si teniendo (el Ministerio de) Vivienda competencias para interpretar la legislación urbanística, puede Contraloría sustituir esa interpretación”.

La causa que enfrenta a Las Majadas de Pirque y a Contraloría se encuentra en acuerdo tras los alegatos llevados a cabo la semana pasada en el tribunal de alzada. Consultado el contralor Jorge Bermúdez, éste no se refirió al conflicto.